A tres años del cierre de las guarderías, repetimos lo que entonces decíamos: cerrar las estancias infantiles en lugar de modificar el sistema contribuye a la violencia estructural en contra de las mujeres. Pero no sólo eso, también violenta uno de los derechos básicos de los menores, el derecho al cuidado.
Dos pequeñas de dos o tres años dibujando con crayones en medio de los jitomates, las naranjas y los limones en el pequeño espacio que quedaba en la barra de frutas y verduras de un pequeño puesto en el mercado. Esta es una escena común en el día a día de miles de niñas y niños.
Beto tiene ya cuatro años, es el sobrino de mi mejor amigo y uno de los menores que asistieron a las estancias infantiles del programa extinto de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol. Hoy lo cuida su abuela Juanita, de casi 80 años, durante el tiempo en que no está en la escuela. Sus papás trabajan en su pequeño negocio familiar de reparación de autos.
La situación de otros padres no es la misma, algunos tuvieron que buscar una guardería privada, otros tuvieron que reorganizar sus jornadas laborales para destinar tiempo al cuidado de los y las hijas, algunos otros han tenido que llevarlos a sus trabajos con ellos.
Hace casi tres años, la administración de Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar este programa, argumentando corrupción en su interior. Se dijo que los recursos no desaparecerían, “sólo habría algunos cambios”. Con esto se referían a parar las transferencias de recursos a estas unidades y transferir dinero directamente a las madres o padres. El apoyo es de 800 pesos mensuales y se entrega de manera bimestral.
Se citó una población objetivo de 329,781 niñas y niños de entre 0 y 3 años, que en dicho momento representaban el 4.7% del total de la población de dicho grupo. Para ser beneficiario de este programa se tenía que probar que las madres o padres no tuvieran otro tipo de seguridad social (IMSS o ISSSTE). Estas cifras, y otros resultados de la investigación que se hizo, fueron presentados por Ariadna Montiel durante la conferencia de prensa del 18 de febrero del 2019.
El recuento de los daños
Ahora, tres años después, repetimos lo que entonces decíamos: cerrar las estancias infantiles en lugar de modificar el sistema contribuye a la violencia estructural en contra de las mujeres. Pero no sólo eso, también violenta uno de los derechos básicos de los menores, el derecho al cuidado.
Este impacto es desproporcionadamente mayor para la población femenina, considerando que vivimos en un país en donde las mujeres destinan tres veces más tiempo a las tareas del hogar y los cuidados en comparación con los hombres. Según las cifras de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en los Hogares 2020, las mujeres destinan un cuarto del año sólo a cuidar a otras personas y encargarse de la casa; para los hombres la cifra es de 8 por ciento.
En México, además, la tasa de participación de la población femenina es de 44.6%, mientras que para la población masculina es de 76.2%, de acuerdo con la última actualización de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo).
Estas cifras reflejan una realidad, que además se vio intensificada con la pandemia y los confinamientos: las mujeres destinan mucho más tiempo a cuidar a otras personas sin recibir un pago por ello y esto las expulsa de manera indirecta y directa del mercado laboral remunerado.
Aún con las transferencias económicas directas a los beneficiarios, el problema se ha incrementado. Por un lado, los recursos son insuficientes para que los menores accedan a un sistema de cuidados óptimo; por el otro, las mujeres mayoritariamente han pagado las consecuencias de la extinción paulatina de estas guarderías.
“Creo que el hecho que hayan desaparecido el programa de estancias infantiles ha afectado enormemente a las mujeres que dejaban a sus hijos en estas estancias, que son mujeres que generalmente trabajaban en el sector formal o informal, y de esta forma disponían de tiempo para hacerlo. Muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar, ante la imposibilidad de dejar a sus hijos en las estancias infantiles, o inscribirlos en estancias privadas afectando su economía”, comentó a El Economista la doctora e investigadora en ciencias económicas en la UNAM, Eufemina Basilio Morales.
Las madres y padres han sido los principales afectados. Pero hay otra cara de la moneda: el personal que se ocupaba en las estancias infantiles. Basilio Morales enfatizó en el impacto que tuvo y sigue teniendo la extinción del programa para este sector.
“Quizá esto haya abonado al programa de austeridad del presidente López Obrador, pero lo cierto es que también generó la pérdida de empleo de las personas que trabajaban en dichas guarderías, y que terminaron sumándose a la lista de desempleados. Y a esto hay que sumarle que, aparte de este ha habido recorte y desaparición de muchos programas que apoyaban a mujeres, afectado enormemente la seguridad y el desarrollo de las mismas”.
El cierre de las guarderías se contrapone con uno de los principios fundamentales de la política pública nacional: la igualdad entre mujeres y hombres como eje transversal. Al mismo tiempo violenta los derechos de los menores.
Los y las beneficiarias reciben 1,600 pesos cada dos meses, pero en muchas ocasiones esto no se transforma en cuidados óptimos y especializados para los niños y las niñas. Pasar más de ocho horas consecutivas dibujando, comiendo y durmiendo en un local de frutas y verduras es violentar también los derechos de los menores.
¿Hacia dónde tenemos que caminar?
“Creo que hay que visibilizar el trabajo y esfuerzo enorme que realizan las mujeres, muchas de ellas realizan doble o triple jornada de trabajo, sobre todo debido a la pandemia, ya que tienen que seguir llevando a cabo las labores de casa, las del campo laboral, y ahora en casa sumándole el atender a los niños que toman clases a distancia, y de familiares enfermos ante esta pandemia”, comentó Basilio Morales.
En México las mujeres trabajan cerca de 77.6 horas a la semana: 37.9 destinadas al trabajo remunerado y 39.7 al trabajo del hogar. Es decir, tienen una jornada incluso más larga para las tareas domésticas y de cuidados y no reciben un pago por ello.
Para sus pares hombres el tiempo de trabajo total es de 62.9 horas a la semana: 47.7 horas al trabajo pagado y 15.2 horas al trabajo del hogar.
Revalorizar y redistribuir estas tareas es fundamental para alcanzar la igualdad de género en materia económica. “Lo anterior debe llevarnos a sensibilizarnos como familia, para que todos apoyen a las mujeres en las labores domésticas, o de cuidado, ya que lo cierto es que, es parte de la obligación de todos los que viven en la misma casa, y no sólo de la madre, o la esposa”, dijo la especialista.
Para la participación equitativa de la mujer en el mercado productivo se deben trabajar en puntos importantes como equidad salarial, e igualdad de condiciones laborales entre hombres mujeres, así como acabar con la discriminación hacia mujeres en el ámbito laboral, y la violencia de género, que, aunque se pensara ya no existen, siguen afectando a miles de mujeres en todos los estratos laborales, agregó.