La creciente ola de violencia e inseguridad que azota las carreteras de México se ha convertido en un serio obstáculo para la industria, el turismo y la atracción de inversiones extranjeras. Las palabras de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, resuenan como un llamado urgente a la acción y a la coordinación para hacer frente a esta problemática que afecta a millones de mexicanos y a la imagen del país en el escenario global.
La industria del autotransporte de carga, vital para la economía mexicana, está siendo golpeada con fuerza por la violencia en las carreteras. Los transportistas, que juegan un papel crucial en el movimiento de mercancías, se ven acosados diariamente por asaltos, secuestros y, en casos extremos, la pérdida de vidas. Las cifras son alarmantes: 46 transportistas asaltados cada día, con una pérdida anual estimada de 7 mil millones de pesos y mercancía que termina en el mercado informal y sin control.
Este problema no solo afecta directamente a los transportistas y sus familias, sino que también impacta negativamente en la industria turística y en la reputación del país a nivel internacional. La seguridad en las carreteras es fundamental para el flujo de turistas y para mantener la confianza de los inversionistas extranjeros, quienes buscan mercados seguros, con certeza jurídica y Estado de derecho.
La conexión directa entre la violencia en las carreteras y la afectación de los corredores de exportación hacia Estados Unidos es innegable. El traslado del 83.3% del valor de las importaciones y exportaciones entre México y Estados Unidos depende en gran medida de la seguridad en las carreteras. La alteración de estos corredores no solo impacta a los transportistas, sino que también pone en peligro el nearshoring o relocalización de plantas productivas, afectando la inversión extranjera directa.
La respuesta a este desafío debe ser una acción coordinada y estratégica por parte de las autoridades. La Guardia Nacional y las policías estatales deben intensificar sus rondines en los 177 mil kilómetros de la red carretera mexicana. La coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno es crucial para abordar esta situación de manera integral y eficiente.
El costo de la inseguridad en las carreteras no solo se traduce en pérdidas económicas, sino también en un aumento en los precios de los bienes y servicios, ya que los transportistas se ven obligados a invertir en medidas de seguridad que, finalmente, recaen en el consumidor. La responsabilidad del Estado de proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos debe ser la máxima prioridad.
En definitiva, es imperativo que se tomen medidas inmediatas para restablecer la seguridad en las carreteras. La estabilidad económica del país, la imagen internacional y la seguridad de millones de personas están en juego. El llamado de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es un paso en la dirección correcta, pero se necesita un compromiso total y una acción concertada para recuperar la confianza en las carreteras de México.