¿Democratización de la Justicia o Riesgo de Politización?
Por: Jan Charlie
La Reforma Judicial que culminará en la elección extraordinaria de 2025 se presenta como un hito en la historia del sistema judicial mexicano, con promesas de transparencia y fortalecimiento institucional. Sin embargo, bajo la superficie de este proceso supuestamente renovador, surgen dudas y preocupaciones que no pueden pasarse por alto.
Es cierto que la idea de elegir jueces y magistrados mediante una votación popular parece, a simple vista, un avance democrático. La elección de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de distrito, entre otros cargos, podría proyectar una imagen de justicia más cercana a la gente. Pero ¿es realmente está la mejor manera de garantizar la independencia del Poder Judicial?
La independencia judicial es un pilar de cualquier democracia funcional. La justicia no debe estar subordinada a las presiones políticas ni a las demandas del electorado. Someter a jueces y magistrados a un proceso electoral trae consigo el riesgo de convertir el sistema judicial en un juego de intereses políticos y de mayorías populares. ¿Realmente queremos que quienes deben tomar decisiones basadas en la ley y no en la popularidad o el partidismo estén sujetos a campañas y promesas electorales?
El diseño de este proceso electoral plantea serios riesgos para la imparcialidad judicial. Aunque los candidatos no recibirán financiamiento público ni privado, la falta de claridad sobre cómo podrán promocionarse, y si podrán hacerlo en redes sociales con recursos propios, abre la puerta a una competencia desigual. En un país donde los recursos económicos pueden inclinar las balanzas, es ingenuo pensar que la ausencia de financiamiento formal evitará la intervención de intereses poderosos.
Aún más preocupante es el hecho de que los partidos políticos y funcionarios públicos tienen prohibido promover o atacar candidaturas. Este eslogan suena bien, pero la práctica podría ser diferente. ¿Realmente podemos asegurar que no habrá influencias ocultas? Los antecedentes en México nos muestran que las campañas políticas, incluso las no partidistas, suelen estar plagadas de favores, alianzas y compromisos que terminan socavando la legitimidad del proceso.
La propuesta de que el Senado, la Presidencia y la SCJN tengan la facultad de elegir candidatos añade otra capa de preocupaciones. El poder Ejecutivo y Legislativo, por su propia naturaleza, están inmersos en las dinámicas políticas del momento, y su intervención en la selección de jueces y magistrados podría erosionar la separación de poderes.
Además de las implicaciones políticas y éticas, está el inmenso reto logístico de organizar esta elección extraordinaria. La emisión de seis boletas por votante no solo plantea un desafío en términos de espacio físico en la boleta, sino también en la comprensión del electorado. En un país con altos niveles de analfabetismo funcional y desinformación, es difícil imaginar que la población votante estará suficientemente informada sobre los perfiles, competencias y responsabilidades de cada candidato. ¿Cuántos ciudadanos estarán verdaderamente capacitados para evaluar y elegir a ministros de la SCJN o magistrados electorales, figuras cuyo trabajo técnico y especializado muchas veces queda fuera del ojo público?
Aunque la Reforma Judicial tiene como objetivo promover la transparencia y mejorar la confianza pública en el Poder Judicial, el método elegido para lograr estos objetivos es cuestionable. Si bien es urgente reformar el sistema judicial y combatir la corrupción, la politización del proceso judicial a través de elecciones no parece ser el camino adecuado. La justicia no puede estar a merced de las mayorías ni de los vientos políticos del momento.
La verdadera independencia judicial requiere un sistema donde los jueces sean seleccionados por su mérito y trayectoria, no por su capacidad para hacer campaña. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser parte integral del Poder Judicial, pero imponer un proceso electoral, sin las garantías necesarias para mantener su imparcialidad, podría ser un paso atrás en la consolidación de una justicia realmente independiente en México.