Por: Jan Charlie
Es lamentable y vergonzoso observar el estado de las carreteras en el Estado de México, particularmente en su conexión hacia el Oriente de Michoacán, con Zitácuaro como vecino más cercano. Kilómetros y kilómetros de tramos en condiciones deplorables, plagados de baches y zanjas, dejan un mal sabor de boca a quienes transitan por estas vías.
Uno se pregunta: ¿A dónde van los impuestos que pagamos? El refrendo, la tenencia y otros gravámenes que cumplen los propietarios de vehículos supuestamente deberían garantizar que las vialidades estén en buen estado. ¿Vale realmente la pena seguir cumpliendo con estas obligaciones cuando el resultado es tan deficiente?
En este contexto de abandono, los transportistas y automovilistas han tomado cartas en el asunto, organizando bloqueos en la autopista Toluca-Zitácuaro como medida de presión. Exigen al gobierno y a las empresas concesionarias que se realicen reparaciones inmediatas y eficaces en la infraestructura. Estas protestas reflejan una desesperación legítima: los usuarios han llegado al punto de tener que interrumpir el tránsito para ser escuchados.
Por otro lado, la sociedad civil también ha hecho lo posible para mitigar los riesgos. En un acto de solidaridad, se han organizado jornadas de bacheo en las que los ciudadanos, con recursos propios, rellenan los baches más peligrosos. Aunque estas iniciativas son dignas de reconocimiento, es indignante que los contribuyentes deban asumir funciones que corresponden a las autoridades.
El gobierno federal ha anunciado recientemente un programa denominado “Bachetón”, con una inversión de 4,000 millones de pesos para la reparación y mantenimiento de carreteras federales en todo el país. Aunque esta medida pueda parecer un paso en la dirección correcta, la magnitud del problema en lugares como el Estado de México plantea dudas sobre la efectividad de esta inversión. Dividir esta cantidad entre todas las zonas afectadas deja un presupuesto insuficiente para resolver los problemas críticos de tramos como la Toluca-Zitácuaro.
Pareciera que la intención detrás de este abandono es orillar a los ciudadanos a utilizar autopistas privadas, concesionadas por el gobierno, que representan un gasto adicional para los conductores. Si queremos circular por vías en buen estado, esa parece ser la única opción. Pero entonces, ¿dónde queda el derecho al libre tránsito? ¿Qué pasa con nuestros impuestos?
Este tipo de situaciones no solo afectan nuestra movilidad, sino que también evidencian la falta de voluntad y planificación en el uso de los recursos públicos. Es urgente que el gobierno deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad en garantizar carreteras seguras y funcionales, sin recurrir a soluciones paliativas ni trasladar el costo al bolsillo de los ciudadanos. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de un modelo de gestión que, lejos de servir al pueblo, parece trabajar en su contra.