Los delitos que se le imputan al exgobernador michoacano son peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa
El operativo de captura de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, y de sus más cercanos colaboradores, derivó de 13 denuncias promovidas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el actual mandatario estatal, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
Los señalamientos en contra del exgobernador y su equipo son por daño al erario del estado por más de 4 mil millones de pesos, al presuntamente pagar un sobreprecio en la construcción de siete cuarteles regionales para la Policía Estatal, sin embargo, los avalúos de la actual administración concluyeron que las obras no superaban los 100 millones de pesos cada una.
Tras completar la carpeta de investigación y considerar procedente la denuncia, Patricia Sánchez Nava, jueza de distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, giró las órdenes de aprehensión el 27 de febrero pasado.
El sábado 1 de marzo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR coordinó la órdenes de captura de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán; Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; su primer secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.
Sin embargo, la FGR sólo presentó el sábado por la noche ante la jueza del Reclusorio Oriente en la capital mexicana a los colaboradores del exmandatario, mientras que los abogados defensores de los imputados solicitaron la duplicidad del término para estudiar el expediente en la causa penal 118/2025 y tratar de reunir pruebas en favor de sus clientes.
Desde que se dio a conocer el operativo para la detención del perredista Silvano Aureoles, la FGR ha sido hermética. Los medios de comunicación han sido informados por fuentes cercanas de su detención, mientras que otros lo han desmentido, lo que ha derivado en un vacío informativo de la FGR.
Los delitos que se le imputan son peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.