Por: Jan Charlie
La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la supuesta conversión de México en “el país más democrático del mundo” con la elección popular del Poder Judicial merece un análisis crítico. Detrás de este discurso populista se esconde una peligrosa realidad: la erosión de la autonomía de las instituciones y la concentración del poder en el Gobierno en turno.
Con el desmantelamiento de organismos autónomos y la consolidación del poder del Ejecutivo sobre el Legislativo, el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte ya ha comenzado. Sin embargo, lejos de representar un avance democrático, este mecanismo parece diseñado para garantizar que el nuevo Poder Judicial responda a los intereses del partido en el poder.
En lugar de fortalecer la independencia de los jueces, esta reforma los somete al escrutinio de una ciudadanía influenciada por propaganda gubernamental y clientelismo electoral. En un sistema donde el oficialismo controla los medios de comunicación y los recursos públicos, la posibilidad de que los jueces sean realmente independientes se desvanece.
El problema de fondo no es solo la elección de jueces, sino la estrategia sistemática de Morena para debilitar los contrapesos democráticos. Desde la eliminación de organismos reguladores hasta la militarización de la seguridad pública, el Gobierno ha consolidado un esquema de poder prácticamente absoluto.
Ahora que el proceso de elección judicial está en marcha, el riesgo es evidente: un Poder Judicial sometido al Ejecutivo y al partido en turno, con jueces más preocupados por mantener su popularidad y su relación con el Gobierno que por impartir justicia de manera imparcial.
México no se convertirá en “el país más democrático del mundo” por votar jueces. La democracia no es solo votar, sino construir instituciones fuertes, autónomas y capaces de actuar sin interferencias políticas. En este nuevo esquema, donde el partido gobernante influye directamente en la elección de jueces y ministros, la justicia queda a merced de los intereses del grupo en el poder.
La pregunta clave es: ¿quién garantizará que estas elecciones sean realmente libres y justas? En un contexto donde la maquinaria electoral de Morena ha demostrado su capacidad para cooptar y dirigir la narrativa política, es ingenuo pensar que este proceso beneficiará a la independencia judicial.
El proceso de elección de jueces y magistrados no es un paso hacia la democracia, sino un retroceso peligroso. La concentración del poder en un solo grupo político ha demostrado, en la historia de muchos países, ser el preludio de regímenes autoritarios. Si realmente se busca mejorar la justicia en México, se debe apostar por fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la autonomía de los jueces, no por someterlos a un proceso electoral diseñado para beneficiar al partido en el poder.
México necesita más democracia, sí, pero una democracia real, no una simulación conveniente para quienes hoy gobiernan.