• Así lo establece una iniciativa presentada por la diputada Deliamaría González Flandez (PVEM)
La diputada Deliamaría González Flandez (PVEM) impulsa una iniciativa que plantea modificar el artículo 201 del Código Penal Federal, con el propósito de establecer que comete delito de corrupción de niñas, niños y adolescentes, quien los reclute de manera violenta o mediante amenazas, para colaborar o formar parte de una asociación delictuosa.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, busca proteger a un grupo de la sociedad que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad debido a su edad, quienes se enfrentan al reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, la cual es una violación de derechos humanos.
Explica que los grupos delictivos emplean métodos de manipulación, coacción y violencia para arrastrar a los menores a actividades criminales.
Apunta que este fenómeno es producto de una combinación de factores socioeconómicos, políticos y culturales; por ello, apuntó, la reforma tiene como objetivo apoyar al Estado mexicano a cumplir su responsabilidad con ellos.
Resalta que los motivos que llevan al reclutamiento de menores por parte de la delincuencia organizada son diversos; uno de ellos es la pobreza extrema en muchas comunidades marginadas, donde la falta de oportunidades educativas y laborales empuja a los menores a buscar una fuente de ingresos rápida.
Los grupos criminales, al reconocer esta vulnerabilidad utilizan tácticas de manipulación emocional y económica, prometiéndoles poder, dinero y protección, lo que en la mayoría de las ocasiones los convierte en víctimas más que en voluntarios, subraya.
Ante ello, González Flandez sostiene que es crucial que el Estado y la sociedad civil trabajen de manera conjunta en la prevención y la intervención, así como en el fortalecimiento de los programas de educación, integración social y de apoyo psicológico.
Destaca que el proceso de reclutamiento de los menores por parte de organizaciones criminales es sofisticado y se adapta a las realidades de cada comunidad. “En muchos casos los menores son atraídos con promesas de una vida mejor, como acceso a diversos bienes materiales, dinero fácil o un aparente poder; sin embargo, una vez dentro de la estructura criminal la manipulación se transforma en coerción”.
Además, menciona que las consecuencias de este fenómeno son devastadoras para los menores, ya que la vida de niños y adolescentes que son reclutados se ve brutalmente truncada, al perder la oportunidad de ejercer su derecho a una educación formal, una vida familiar saludable y un futuro con oportunidades.
En su lugar, se ven involucrados en actividades criminales como tráfico de drogas, sicariato o extorsión, exponiéndolos a riesgos físicos, emocionales, psicológicos e incluso perder la vida, expone la legisladora.