Por: Jan Charlie
La más reciente controversia entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara de Diputados vuelve a poner en evidencia la constante presión que el partido en el poder, Morena, ejerce sobre las instituciones autónomas.
La decisión del INE de ser el único órgano encargado de la difusión de la inédita elección judicial del 1 de junio ha desatado un berrinche en los círculos morenistas, quienes, una vez más, buscan imponer su voluntad sobre los organismos que deberían garantizar la imparcialidad en los procesos democráticos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha presentado un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impugnando la decisión del INE. Su argumento es que los Poderes de la Unión deberían tener el derecho de informar a la ciudadanía sobre la elección de jueces, magistrados y ministros.
Sin embargo, detrás de esta aparente preocupación por la “información” subyace una realidad evidente: Morena busca controlar el discurso en torno a este proceso y, con ello, inclinar la balanza a su favor.
No es la primera vez que el partido en el poder trata de intervenir en la autonomía del INE. Ya lo ha intentado mediante la llamada “reforma electoral” y diversos ataques verbales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados. Ahora, con la elección judicial en puerta, la estrategia parece la misma: desacreditar, presionar y someter a la autoridad electoral a sus intereses.
El INE ha dejado claro que su intención es preservar la equidad e independencia de esta elección al evitar que otros actores gubernamentales incidan en la comunicación oficial.
En cualquier democracia funcional, esto debería ser motivo de aplauso y respaldo. Sin embargo, en el México de la 4T, la autonomía es vista como una amenaza para un proyecto que se basa en la concentración del poder y el control absoluto de la narrativa política.
El senador de Morena, Ricardo Monreal, ha calificado la medida del INE como una decisión “inconstitucional”. Pero resulta irónico que quienes han modificado la Constitución a su antojo ahora se rasguen las vestiduras cuando una institución autónoma pone límites a sus intentos de intervención.
Más allá del debate legal, lo que está en juego es la integridad del proceso electoral y la resistencia de los organismos autónomos frente a un partido que no acepta contrapesos.
Si Morena realmente estuviera interesado en fortalecer la democracia, respetaría la autonomía del INE y permitiría que este proceso se desarrolle con las garantías necesarias.
En cambio, ha optado por la confrontación y la descalificación, siguiendo el manual del populismo que tanto daño ha hecho a otras democracias en el mundo. La pregunta es: ¿hasta cuándo la ciudadanía permitirá que el partido en el poder continúe su embestida contra las instituciones que deberían protegernos a todos?