Por: Jan Charlie
Ciudad de México, 11 de octubre de 2025.– En el segundo día de las audiencias públicas convocadas por las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, académicos, abogados y especialistas en derecho constitucional expusieron diversas propuestas en torno al tema del “interés legítimo” en el contexto del juicio de amparo, como parte del debate sobre las reformas a la Ley de Amparo.
En las sesiones participaron las y los diputados Carlos Ventura Palacios Rodríguez, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María Luisa Mendoza Mondragón y Mary Carmen Bernal Martínez, quienes escucharon las reflexiones de destacados juristas como Arturo Guerrero Zazueta, Armando Hernández Cruz, Juan Rabindrana Cisneros García, Arturo Pueblita Fernández, Juan Carlos Ávila López, Andrés Norberto García Repper Favila, Verónica Lorena Osornio Plata, Eduardo Miguel Rusconi Trujillo, Marco Antonio Rojo Olavarría y Natalia Pérez Cordero.
Durante su intervención, la Diputada Federal Mary Carmen Bernal Martínez subrayó la importancia de fortalecer la vinculación entre la academia jurídica, los colegios de abogados y el Poder Legislativo, con el objetivo de que las propuestas técnicas y doctrinales se transformen en iniciativas de ley concretas.
“Veo una desvinculación entre la academia y el Congreso, es fundamental recomponer esa relación, porque en estos espacios nacen las leyes, las ideas deben canalizarse de forma correcta a las comisiones legislativas para que se traduzcan en acciones concretas”, expresó Bernal Martínez.
La legisladora michoacana también recordó que las iniciativas ciudadanas y académicas tienen cabida en el proceso legislativo, y exhortó a que las propuestas surgidas en las audiencias se presenten formalmente ante las comisiones correspondientes.
“Queremos que el tiempo invertido en estos encuentros se traduzca en leyes efectivas que fortalezcan el Estado de Derecho, la justicia y los derechos humanos”, puntualizó.
El maestro Arturo Pueblita Fernández, reconocido jurista y académico, destacó que el juicio de amparo es una figura jurídica única en el mundo, surgida de la Constitución de Yucatán, que posteriormente se extendió al ámbito nacional como una de las grandes aportaciones de México al derecho universal.
“El juicio de amparo es una creación netamente mexicana, un instrumento que nos debe llenar de orgullo, su finalidad ha sido siempre proteger a las personas ante los abusos de autoridad”, subrayó.
Sin embargo, Pueblita advirtió que la reforma al artículo 5º de la Ley de Amparo busca limitar el concepto de interés legítimo a los casos con afectación “real, directa e inminente” y podría representar un retroceso en materia de derechos humanos.
“El interés legítimo no debe reducirse al interés jurídico, su propósito es prever daños potenciales, no esperar a que el daño ocurra, limitarlo sería un retroceso”, explicó el académico.
Asimismo, recordó que la reforma constitucional de 2011 y la nueva Ley de Amparo de 2013 marcaron un avance significativo al ampliar la protección de los derechos humanos, por lo que restringir ese alcance significaría “volver al siglo XIX”.
El maestro Eduardo Miguel Rusconi Trujillo centró su participación en los riesgos políticos y jurídicos que implicaría acotar el acceso al juicio de amparo, al considerar que podría fortalecer el control del Poder Ejecutivo sobre los ciudadanos, las empresas y la vida política.
Advirtió que hoy existen escasas oportunidades de defensa ante actos como el bloqueo de cuentas bancarias o auditorías fiscales restrictivas, lo que deja a los ciudadanos y empresarios en un estado de vulnerabilidad frente al gobierno.
“En un país donde el Gobierno puede bloquear cuentas o ejecutar auditorías con limitadas vías de defensa, ¿qué empresario se atrevería a oponerse al poder en turno? Esto representa un riesgo para la pluralidad política”, enfatizó Rusconi.
El jurista también planteó la posibilidad de reconocer legalmente el interés simple, como una figura que permitiría a cualquier ciudadano impugnar actos de autoridad contrarios a la ley, aun sin acreditar una afectación directa.
“¿Qué tendría de malo que cualquier persona pudiera acudir ante un juez para denunciar un acto ilegal? Eso fortalecería el control ciudadano sobre el poder y la democracia liberal”, sostuvo.
Rusconi consideró que, aunque esta medida podría aumentar la carga de trabajo judicial, existen mecanismos administrativos para evitar la saturación de los tribunales, priorizando siempre el derecho ciudadano al acceso a la justicia.
Las audiencias públicas permitieron un debate técnico, plural y profundo sobre los alcances del interés legítimo, el interés jurídico y el interés simple, conceptos fundamentales para el acceso a la justicia en México.
Tanto los especialistas como los legisladores coincidieron en que cualquier modificación a la Ley de Amparo debe mantener un equilibrio entre el control del poder público y la protección de los derechos ciudadanos, evitando retrocesos en materia de derechos humanos.
El intercambio de ideas entre la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez y los juristas Arturo Pueblita Fernández y Eduardo Miguel Rusconi Trujillo destacó la relevancia del juicio de amparo como garantía fundamental de libertad y justicia en México.
Estas audiencias públicas, impulsadas por las comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, consolidan un espacio de diálogo abierto entre el Congreso, la academia y la sociedad civil, donde las propuestas se orientan a fortalecer el Estado de Derecho y asegurar que la ley sirva, ante todo, para proteger a las personas.