Por: Jan Charlie
El escándalo que rodea a Rubén Rocha Moya no solo pone en entredicho a un político, sino que exhibe una tensión estructural en México, la delgada línea entre defender la soberanía nacional y garantizar justicia efectiva frente al crimen organizado.
Desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, la postura ha sido clara en lo formal, sin pruebas, no hay acción y este es un argumento jurídicamente impecable, porque ningún Estado serio debería actuar únicamente por presiones externas, ni mucho menos permitir que otro país marque la pauta de sus decisiones judiciales, perooo sin embargo, en política y especialmente en México, la forma en que se aplican estos principios rara vez es percibida como neutral.
Aquí es donde comienza el problema, porque aunque el discurso oficial apela al debido proceso y la soberanía, el contexto obliga a cuestionar si estamos ante una defensa del Estado de derecho… o ante un reflejo de autoprotección política.
Morena no solo gobierna el país; también es el partido al que pertenece Rocha Moya, y aceptar, sin resistencia, las acusaciones provenientes de Estados Unidos implicaría abrir la puerta a una crisis de legitimidad mucho mayor, la posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado estructuras de poder al más alto nivel.
No es un escenario menor, pues las declaraciones de la periodista Anabel Hernández, sobre una supuesta lista de políticos bajo investigación en Estados Unidos, aunque no confirmadas oficialmente, añaden combustible a una percepción ya instalada en amplios sectores de la sociedad en la que el problema no es un individuo, sino un sistema, un sistema donde la colusión entre política y crimen no es excepción, sino riesgo constante.
Frente a esto, el gobierno ha optado por una estrategia predecible, cerrar filas, cuestionar el origen de las acusaciones y trasladar el debate al terreno de la soberanía, pues es una jugada políticamente lógica, pero éticamente incómoda.
Porque si bien es cierto que ningún país debe someterse a otro, también lo es que la desconfianza hacia las instituciones mexicanas no surgió de la nada.
Casos como el de Genaro García Luna quien fue juzgado y condenado en Estados Unidos mientras en México operó durante años con poder, siguen pesando en la memoria colectiva, y alimentan una sospecha difícil de ignorar que, en ocasiones, la justicia llega desde fuera porque dentro no alcanza.
El verdadero dilema, entonces, no es si México debe defender su soberanía, eso es indiscutible, el problema es si puede hacerlo sin que esa defensa se perciba como encubrimiento.
Porque en un país marcado por la violencia y la impunidad, la legitimidad no se construye solo con argumentos legales, sino con acciones claras, investigar a fondo, transparentar procesos y, si es necesario, sancionar incluso a figuras cercanas al poder no debilita al Estado, lo fortalece.
El caso Rocha Moya es una prueba, no solo para el gobierno de Sheinbaum, sino para todo el sistema político mexicano, y aquí la pregunta de fondo no es si lo entregarán o no a Estados Unidos.
La pregunta es más incómoda, ¿México está dispuesto a investigarse a sí mismo con la misma dureza con la que otros lo observan?