Por: Jan Charlie
La imagen fue brutal, ocho perros dentro de un pozo de agua en Zitácuaro, seis muertos y dos sobreviviendo apenas entre el agua y el abandono. La escena sacudió a la opinión pública, encendió redes sociales y provocó una cascada inmediata de pronunciamientos políticos, publicaciones indignadas y mensajes “a favor de los animales”.
Y entonces apareció el fenómeno de siempre, la indignación de temporada… Porque de pronto todos descubrieron que existe el maltrato animal, porque de pronto todos condenan, todos exigen justicia, todos se toman la foto moralmente correcta frente a una tragedia que, para quienes realmente trabajan en rescate animal, no comenzó esta semana ni terminará cuando el tema deje de generar likes.
Ahí están dirigentes, regidores y líderes partidistas publicando mensajes cuidadosamente redactados, el Partido Verde condenando, el PRD pronunciándose, regidores y dirigentes municipales compartiendo publicaciones sobre empatía y protección animal, todos muy indignados…“Ahora”.
La pregunta incómoda es inevitable ¿y antes dónde estaban?, Porque los perros abandonados no nacieron con este caso, los animales en situación de calle llevan años multiplicándose en colonias, carreteras y comunidades enteras, los refugios están saturados desde hace mucho tiempo; Los rescatistas independientes sobreviven sin apoyo institucional, pagando de su bolsillo alimento, medicamentos y esterilizaciones, y en muchos municipios de Michoacán han ocurrido envenenamientos masivos, atropellamientos deliberados y actos atroces que rara vez llegan a la conversación pública.
Pero esos casos no siempre generan tendencia, la realidad es que el problema del abandono animal dejó de ser únicamente un tema de sensibilidad; es un problema de salud pública, de abandono institucional y de falta absoluta de políticas preventivas.
Porque resulta más sencillo publicar un comunicado que construir campañas permanentes de esterilización, es más rentable políticamente subir una historia a Facebook que asignar presupuesto para refugios dignos; es más cómodo condenar un caso viral que inspeccionar albergues clandestinos, regular criaderos o impulsar leyes verdaderamente aplicables.
Muchos actores políticos hablan de protección animal, pero pocos están dispuestos a impulsar políticas públicas serias y permanentes, y ahí está el verdadero fondo del problema.
¿Dónde están las campañas masivas gratuitas de esterilización?
¿Dónde están los censos reales de animales en situación de calle?
¿Dónde están los programas de adopción responsables?
¿Dónde están las sanciones efectivas para el maltrato?
¿Dónde están las inspecciones a refugios improvisados donde también existen condiciones deplorables?
La indignación pública dura días, el abandono animal dura años; y mientras la clase política convierte cada tragedia en oportunidad de posicionamiento, quienes realmente sostienen esta crisis siguen siendo ciudadanos anónimos, rescatistas, veterinarios, voluntarios y familias que abren espacio en sus casas para animales que el sistema simplemente ignora.
El caso de Zitácuaro sí debe indignar, claro que sí; pero la indignación auténtica tendría que traducirse en leyes, presupuesto, campañas y responsabilidad institucional, no solamente en publicaciones temporales que desaparecerán cuando llegue el siguiente tema viral.
Porque si después de todo esto no cambia absolutamente nada, entonces los perros del pozo habrán servido únicamente como escenario para otra temporada de discursos políticamente correctos.