Por: Jan Charlie
En la narrativa oficial del poder, la crítica es traición y el escrutinio periodístico, un complot. Lo que comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la instauración de una tribuna matutina enfocada frecuentemente en señalar a la prensa, hoy encuentra continuidad y método en la administración de Claudia Sheinbaum.
El uso del aparato comunicacional del Estado para exhibir, señalar y estigmatizar con nombre y apellido a comunicadores e investigadores ha dejado de ser un simple “ejercicio de réplica” para consolidarse como una estrategia de intimidación por procuración.
No se necesita emitir una orden explícita para agredir cuando el discurso oficial sitúa al periodista como el enemigo del pueblo. Al colocar a las figuras de los medios en una lista negra pública, muchas veces amparándose en narrativas que polarizan o en iniciativas para regular contenidos, el poder central activa un mecanismo peligroso en el subconsciente colectivo.
Para el simpatizante radicalizado o para quien percibe que un reportaje amenaza sus programas sociales o su visión de país, el señalamiento desde la Mañanera no requiere de una instrucción directa: funciona como una autorización implícita para el acoso, la amenaza digital y la confrontación física.
El argumento oficial de la “democratización de la crítica” omite de forma deliberada una asimetría fundamental, la fuerza del Estado contra la libre ciudadanía… Un periodista o un medio de comunicación, independientemente de su alcance o línea editorial, no posee el presupuesto público, las instituciones, ni la fuerza del aparato estatal que ostenta la Presidencia de la República, utilizar la máxima tribuna del país para castigar la disidencia informativa no es un debate entre iguales; es una exhibición de poder coercitivo.
Frente a esta dinámica, la ciudadanía y el gremio periodístico se encuentran ante un muro institucional. Mientras las leyes de medios y los marcos normativos sobre la transmisión de contenidos son moldeados en los pasillos legislativos, la representación popular parece diluirse… Unos cuantos cientos de legisladores en el Congreso de la Unión y los congresos locales terminan decidiendo el margen de la libertad de expresión, dejando a millones de mexicanos y comunicadores en la impotencia ante reformas o lineamientos que amenazan con institucionalizar la censura.
Exhibir al periodismo no pacifica al país ni resuelve las crisis estructurales de seguridad, justicia o salud; únicamente desvía la atención de los problemas sustantivos hacia una pugna mediática conveniente para el poder, un país donde la prensa debe calcular el riesgo de investigar antes de publicar es un país donde la democracia se debilita… La libertad de expresión no es un concesión del gobierno en turno, sino un derecho fundamental que, hoy más que nunca, exige ser defendido frente al uso del micrófono como herramienta de control social.