Por: Jan Charlie
La discusión en torno a la nueva reforma electoral ha vuelto a encender un debate que en realidad nunca se apagó: el de la representación política en México, este va más allá de los tecnicismos legales o de los ajustes administrativos que se anuncian, la polémica no radica únicamente en qué se quiere reformar, sino en cómo y desde dónde se impulsa el cambio.
Una reforma que nace con mayorías alineadas, con posturas definidas antes del debate y con escaso margen para la deliberación pública difícilmente puede presentarse como un ejercicio democrático pleno.
El discurso oficial insiste en que se trata de una transformación “en nombre del pueblo”, sin embargo, cuando las decisiones se toman desde el poder y se legitiman con una narrativa que cancela cualquier crítica, la reforma deja de ser un espacio de construcción colectiva para convertirse en un trámite político.
Es en ese contexto donde vale la pena preguntarse si esta reforma electoral fortalece la democracia o si, por el contrario, profundiza una crisis de representación que muchos ciudadanos ya perciben.
Se nos repite, como consigna, que el régimen en el poder “representa al pueblo”, pero cuando una reforma electoral nace con línea marcada, votos contados antes del debate y mayorías disciplinadas que no consultan a nadie fuera de su propio bloque, la pregunta es inevitable: ¿a qué pueblo dicen representar?
La democracia no se agota en ganar elecciones, gobernar también implica escuchar, deliberar y aceptar que la sociedad es plural, incómoda y muchas veces crítica; pues cuando los llamados representantes llegan al Congreso no para pensar, sino para obedecer; no para dialogar, sino para ejecutar una instrucción, la representación se convierte en una ficción funcional al poder.
El problema no es solo la reforma electoral en sí, sino el método, pues no hay consulta real, no hay contrapesos efectivos y no hay espacio para la disidencia dentro de las propias cámaras.
El discurso oficial sostiene que “el pueblo ya decidió”, pero esa frase se usa como comodín para cancelar cualquier debate posterior, y es así que millones de ciudadanos que no comulgan con el proyecto dominante quedan reducidos a un silencio administrativo.
Más grave aún es la permanencia y posible fortalecimiento de figuras que no fueron votadas directamente por la ciudadanía: plurinominales “les llaman”, diputados y senadores que llegan no por respaldo popular, sino por acuerdos cupulares, son escaños ocupados a modo, leales al partido antes que al ciudadano, piezas clave para garantizar mayorías automáticas; ¿Cómo hablar de soberanía popular cuando una parte del poder legislativo no responde a urnas, sino a listas?
La paradoja es evidente, se promete una democracia más “del pueblo”, mientras se consolida un sistema donde la representación es cada vez menos representativa, el Congreso deja de ser un espacio de pluralidad para convertirse en una oficialía de partes del Ejecutivo, y cuando eso ocurre, no hay reforma que fortalezca la democracia; solo reformas que la administran desde arriba.
Decir que quien critica está “en contra del pueblo” es una forma peligrosa de simplificar la realidad, el pueblo no es uno, no piensa igual, no vota en bloque, y usarlo como escudo retórico para imponer decisiones es vaciarlo de su sentido más profundo.
Una democracia sana no teme al desacuerdo, en realidad lo necesita, y cuando quienes legislan olvidan que representan a todos, no solo a quienes los colocaron ahí, el problema no es la oposición, el problema es el poder que ya no se escucha… a sí mismo.