- Se trata de impulsar un ordenamiento adecuado de las concesiones y garantizar la justicia social.
La nueva ley reglamentaria en materia hídrica debe tener como pilares fundamentales el ordenamiento adecuado de las concesiones y garantizar la justicia social, a fin de cerrarle la puerta a la corrupción y a los abusos, así como para beneficiar a los sectores más vulnerables, subrayaron legisladores, funcionarios, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el foro “Actualización en los trámites a raíz de la aprobación de la Ley General de Aguas. Acercamiento con CONAGUA”, espacio en el que se analizaron los avances de la nueva legislación y se escucharon las voces de los distintos actores involucrados.
En dicho espacio, precisaron que el marco jurídico reglamentario que se construye busca armonizar las disposiciones contenidas en la Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la federación en diciembre del año pasado.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que es fundamental que el agua se entienda siempre como un derecho y no como una mercancía, y con esa visión es que se debe construir la ley reglamentaria.
“En temas como el del agua se deben armonizar muchos intereses, es necesario tener un objetivo central, impedir que el agua sea mercancía y se vuelva un derecho para todas y todos”, señaló.
Refirió que este conflicto no es nuevo, sino que son décadas de organización, de luchas, ideas que fueron armonizadas en una ley.
Indicó que un aspecto fundamental es que los diputados y el Ejecutivo escuchen todas las voces, para que esa representación permita generar una reglamentación que se pueda aterrizar.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, de Morena, expresó que gracias al impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la labor de las y los legisladores en el Congreso de la Unión, se aprobó la Ley General de Aguas y se modificó la Ley de Aguas Nacionales; ante la necesidad de actualizar y reforzar dichos marcos jurídicos.
La legislación que estaba vigente ya resultaba insuficiente para resolver los problemas que nuestro país enfrentaba en materia hídrica, por ello, para que el nuevo marco jurídico funcione correctamente se necesita una reglamentación sólida, que lleve el contenido de la norma a la práctica, indicó.
Señaló que, a pesar de los avances logrados, nunca faltan las voces que sólo velan por los intereses propios, aquellos que se han enriquecido a costa de los demás y que acaparan el agua tratándola como una simple mercancía.
Ante ese panorama, subrayó, el nuevo ordenamiento debe cerrar la puerta a la corrupción y a los abusos, porque el agua es un derecho, no un privilegio.
Su compañera de bancada, la diputada Dolores Padierna Luna dijo que el nuevo modelo reglamentario debe contemplar al agua como un elemento de vida, salud pública, producción alimentaria, desarrollo económico, estabilidad social y protección ambiental, “por eso la legislación que se emita debe evitar vacíos, discrecionalidad, simulaciones jurídicas y cualquier conflicto entre autoridades, usuarios y comunidades”.
La finalidad, agregó, debe ser la de proteger el interés público y dar certeza jurídica, además de construir una administración del agua más justa, ordenada y cercana a la realidad territorial del país; “necesitamos que los principios generales que se establecieron en la ley general pasen al reglamento, para que se vean aplicados en la vida cotidiana”, destacó.
Óscar Zavala Gamboa, Subdirector General Jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recordó que la Ley de Aguas Nacionales tiene el objetivo de ordenar las concesiones y garantizar la justicia social, pues se deben garantizar aspectos como el de la soberanía alimentaria, el desarrollo económico y fuentes de empleo.
Expresó que el derecho humano al agua debe consolidarse en el marco regulatorio de la Ley General de Aguas que fue publicada el año pasado, ordenamiento que se construyó con base en el consenso y la lucha activa de la sociedad.
Gloria del Mar Cilia Luna, gerente de lo Consultivo de la Conagua explicó que las reformas reglamentarias a la Ley de Aguas buscan establecer cambios sustanciales en el régimen de concesiones, derechos preferentes vinculados con la compra y venta de bienes inmuebles vinculados a un título de concesión, derechos sucesorios y fusión o cesión de sociedades civiles o mercantiles.
De la misma forma, agregó, abarca la creación de un nuevo esquema de fondo de reserva, en materia de una cuota de garantía, programa de acciones de regularización; obras de captación y sobre las normas oficiales mexicanas.