- Identificar riesgos en perfiles de candidatos, es el objetivo de la reforma que fue remitida al Ejecutivo Federal.
El Pleno del Senado de la República respaldó, en lo general y en lo particular, la minuta que envió la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
Se trata de un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue considerado para trámite de urgente resolución y que una vez aprobado por la Asamblea fue remitido al Ejecutivo Federal.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que el dictamen reviste un interés público inmediato y de dimensión nacional, porque propone mecanismos institucionales para fortalecer la integridad de candidaturas y prevenir riesgos de infiltración de intereses ilícitos en los procesos democráticos.
Por tanto, dijo, la proximidad de los procesos electorales que justificaron convocar a las Cámaras del Congreso a celebrar un Periodo de Sesiones Extraordinarias obliga al Senado a adoptar decisiones oportunas que permitan generar certeza jurídica y confianza ciudadana, en torno a las personas postuladas para cargos de elección popular.
Castillo Juárez agregó que las medidas que contempla la propuesta legislativa no constituyen una reforma ordinaria de carácter administrativo, sino una respuesta legislativa frente a un contexto nacional que exige capacidades preventivas e inmediatas del Estado mexicano, razón por la que resulta jurídicamente viable que el Senado la considere de urgente resolución.
En lo general, el proyecto de decreto fue avalado con 85 votos a favor y 40 en contra. Para la discusión en lo particular se presentaron reservas por parte de cuatro senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, pero las propuestas de modificación fueron desechadas por la Asamblea, por lo que los artículos reservados fueron avalados, con 84 votos a favor y 41 en contra, en sus términos.
De acuerdo con la minuta, la Comisión de Verificación estará integrada por tres consejeras o consejeros Electorales, con una duración en su encargo de tres años y una presidencia rotativa, que será designada anualmente entre sus integrantes.
Dicha instancia tiene por objeto recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postular como candidatas a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral para que, en coordinación con las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
De acuerdo con la minuta, la entrega de esta información podrá ser total o parcial y se realizará de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente.
También dispone que los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo, en los términos previstos en la ley.
Y que los partidos políticos, con base en la información que les sea proporcionada por la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, determinen sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político. Además, dicha instancia deberá garantizar la confidencialidad de la información que reciba.
El proyecto de decreto establece que, de encontrar información relevante, las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, de acuerdo con sus atribuciones, iniciarán o continuarán con las investigaciones que correspondan.
En los artículos transitorios plantea que las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera que, de manera enunciativa, serán la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecerán la metodología y los criterios aplicables para realizar sus evaluaciones de riesgo.
Con base en ello, agrega, determinarán la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de la información indiciaria con la que cuenten para presumir que la persona evaluada está relacionada con actividades delictivas.
En la discusión, Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, refirió que, a través de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, como un órgano técnico permanente del Instituto Nacional Electoral, se desplegará un mecanismo de análisis de riesgo respecto de las candidaturas postuladas por partidos políticos, así como de los independientes.
Laura Esquivel Torres, del PAN, dijo que el proyecto no plantea sanciones, la nulidad de elección o que el partido del candidato que postule a un candidato con vínculos delictivos pierda el registro, por lo que se busca una salida fácil; “se quieren lavar las manos”, señaló.
Por el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, dijo que esta propuesta resuelve desde la raíz la integridad de un candidato, a través de un cruce de información interinstitucional. Además de que responde a la preocupación que se ha manifestado durante años, de que existen intereses ilícitos que intentan acercarse a espacios públicos o intenten influir en las decisiones políticas.
Del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Ángel García Yáñez consideró que las elecciones deben decidirse en las urnas, no en los escritorios oficiales ni mediante interpretaciones ambiguas hechas a modo.
Nestor Camarillo Medina, de MC, señaló que se presenta esta reforma “como la gran solución” para frenar al crimen organizado en el ámbito político, pero en el fondo no resuelve el problema y pone en riesgo la democracia. Consideró que no se necesita crear una comisión en el Instituto Nacional Electoral para saber quién viola la ley, sino que la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades de seguridad hagan su trabajo y detengan a los delincuentes.