Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han registrado pérdidas por 700 mil millones de pesos durante los primeros seis meses de 2020, alertó este martes la Organización Civil, México Evalúa, que reportó que dicha caída obedece a que el gobierno ha influido indebidamente para favorecer a ambas empresas.

En la presentación del estudio “Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas”, México Evalúa detectó problemáticas en tres aspectos que rigen a las llamadas Empresas Productivas del Estado (EPE): el Estado mexicano como dueño de Pemex y CFE, como regulador del mercado en que compiten y como garante de la rendición de cuentas en ambas instituciones. 

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En el primero de ellos, México Evalúa afirmó que existe una intervención centralizada por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para favorecer a Pemex y CFE.

“Esta administración se ha caracterizado por influir indebidamente para favorecer a Pemex y a CFE en distintos rubros del mercado energético y estas malas prácticas ya tuvieron consecuencias: la inversión extranjera directa del sector energético pasó de 6 mil 820 millones de dólares en 2018 a sólo 1 mil 119 millones de dólares al primer trimestre de 2020”, señaló la directora de la organización, Edna Jaime. 

México Evalúa recomendó la creación de una entidad propietaria de las EPE, apoyada por una política de propiedad a través de un contrato de gestión entre empresa y el Estado.

El estudio indica que el gobierno de México tiene organismos reguladores que duplican funciones al formar parte del Consejo de Administración en Pemex y CFE.

La coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, María Fernanda Ballesteros, agregó que, desde la aprobación de la Reforma Energética en 2013, el Congreso de la Unión no ha nombrado al Comisario de Pemex. Un auditor encargado de vigilar que se cumpla con los objetivos de la empresa y, en su caso, reporte anomalías.

Las académicas criticaron que Pemex y CFE ejecute en este año el 20% del gasto público total cuando únicamente han generado pérdidas en el último semestre del año.

“El mal desempeño de estas empresas, los escándalos de corrupción y sus cuantiosas pérdidas evidencian que es urgente discutir y mejorar el gobierno corporativo de estas empresas. Es ahí donde debería estar la prioridad”, explica el documento.

La ONG también recomendó revisar el régimen especial en ambas empresas, para que puedan existir mayores controles en las compras públicas y contratos que otorgan.

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