29-12-2018.- Con el propósito de mejorar el marco regulatorio para reclusos que trabajan en centros de readaptación y garantizar sus derechos laborales y prestaciones que por ley les corresponden, el diputado Santiago González Soto (PT) impulsa reformas a los artículos 9 y del 91 al 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Señaló que el Estado mexicano ha desamparado los derechos de los presos, y dio a conocer que los centros penitenciarios estatales albergan un total de 111 mil 214 hombres y mujeres, integrantes de la comunidad carcelaria trabajadora.

La reforma establece que se asegurará, de manera enunciativa y no limitativa, la relación laboral, la cual atenderá las características particulares de los detenidos, en el marco de las condiciones de operación del centro penitenciario.

El legislador puntualizó que para tener acceso a la seguridad social y ésta beneficie a sus familiares, el recluso deberá encontrarse en calidad de procesado o, si cuenta con sentencia condenatoria, su delito tiene que ser no grave.

Además, cada empresa que genere empleos en el interior de la cárcel establecerá una relación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo, atendiendo la situación jurídica del confinado. Este vínculo se podrá llevar a cabo a petición del reo y con la aprobación consensuada de la empresa y el centro penitenciario.

Destacó que la compañía hará evaluaciones de desempeño y resultados, para el apoyo y promoción del trabajador al ser puesto en libertad, logrando así los fines de la reinserción social.

El patrón proveerá obligatoriamente el acceso a la seguridad social del encarcelado y sus beneficiarios; además, se le notificará de manera mensual sobre las ganancias o salarios.

Agregó que, previas deducciones que por razón de seguridad social e impuestos le sean descontados, el reo podrá disponer de las ganancias o salarios que se acumulen a su favor en la cuenta, para destinar el porcentaje que indique a la reparación del daño.

El Inegi reportó que al cierre de 2016 se encontraban en los centros penitenciarios de las entidades federativas un total de 188 mil 262 personas; 95 por ciento correspondía a hombres y 5 por ciento a mujeres; de esta comunidad, 35 por ciento no tenía sentencia y, de este grupo, el mayormente afectado era el de la mujer, dado que 44 por ciento estaba en proceso.

Afirmó que las instancias civiles se han manifestado por la necesidad de otorgar facilidades fiscales e infraestructura que den oportunidades laborales dentro de los penales, ante la dificultad de encontrar trabajo cuando las personas son puestas en libertad, debido al estigma que prevalece en la sociedad y a que su estancia en prisión queda registrada, incluso, en diversos sitios de internet.

Actualmente, agregó, la reinserción social no ha dado resultados, pues quienes han obtenido la libertad vuelven a prisión por delinquir, lo que implica una problemática enorme y, por lo tanto, una señal de que el sistema de reinserción requiere cambios.