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Normas, riesgos y la protección civil

Juan Antonio Pineda Sánchez

Es evidente que el marco institucional de la gestión de riesgos y la protección civil presenta diversas deficiencias desde su conceptualización.

En primer lugar, hay que referirnos al propósito de esas normas, que no debería ser otro que el de reducir los riesgos de desastre. Así las cosas, hoy se generan amplios traslapes (contraposiciones) con otras materias como la seguridad ocupacional que atiende riesgos por enfermedades y accidentes de trabajo, que no son lo mismo que gestionar riesgos de desastre.

En segundo lugar, la racionalidad de las normas ha venido cambiando, no sé si mejorando, pero se ha transformado. De hecho, parafraseando las racionalidades propuestas por el Dr. Atienza, podemos decir lo siguiente respecto a la racionalidad de nuestras normas:

1) Racionalidad Teleológica: La norma debería busca atender a las causas del riesgo. En el caso del riesgo de desastre, debería reducir de manera integral y sistemática las causas que generan amenazas antrópicas o socio naturales, las causas por las que se exponen bienes y las causas de las vulnerabilidades físicas y sociales; reducir tales causas debería ser el centro de atención nuestras normas.

2) Racionalidad Pragmática. La Ley debería ser factible en todas sus acciones propuestas. En nuestras normas de gestión de riesgos y protección civil existen responsabilidades imposibles de cumplir: ya sea por aspectos técnicos, económicos, sociales, culturales, ambientales e incluso administrativos. “Hay disposiciones que son prácticamente inaplicables –derechos sociales sin exigibilidad y sin correlato presupuestal- y en las leyes existe una gran cantidad de requisitos que hacen muy difícil su cumplimiento y muy fácil mantener al ciudadano en falta, lo cual lo pone a merced del gobierno” (Basave, A., 2010).

3) Racionalidad Jurídico Formal: Las normas de GRD deben ser congruentes con otras Leyes. De hecho, las actuales normas de protección civil se contraponen con otras normas. Por ejemplo, la Ley de Cambio Climático se contrapone en diversos aspectos con la LGPC. Nuestro sistema legal es Chimoltrufio: como dice una cosa dice la otra. Las normas de protección civil deben insertarse armoniosamente en el sistema jurídico existente. Sin contraponerse, ni restarse, ni confundir, ni dejar en indefensión a nadie. Deberían producir sinergias.

4) Racionalidad Lingüística. Las normas de protección civil parecen garabatos que requieren ser traducidos y hasta descifrados cuando deberían ser claras y simples: deberían ofrecer definiciones, instrucciones y asignación de tiempos sin ambigüedades y con frases simples. “La complejidad es amiga de la corrupción y su verdadera enemiga es la sencillez. La simplicidad no ha adquirido carta de ciudadanía en nuestro México barroco”. (Basave, A., 2010).

5) Racionalidad Ética. Detrás del riesgo siempre hay un beneficio. Sin embargo, “La historia del reparto de los riesgos muestra que estos siguen, al igual que las riquezas, el esquema de clases, pero al revés: las riquezas se acumulan arriba, los riesgos abajo” (Beck, U., 1986, p.50). Es innegable que hay colectivos que reciben más riesgos y menos beneficios.

Finalmente, hablar de las normas de protección civil es más que repetirlas y repetirlas. En realidad, para los profesionales de la gestión de riesgos, nuestro marco normativo merece un análisis crítico más que una repetición sin reflexión.

Es cuanto…

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