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Prisión preventiva oficiosa: el abuso de la figura jurídica que condena a los más pobres

A raíz de una reforma aprobada en el 2019 a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, pero la mayoría de los detenidos están acusados de delitos menores

En días pasados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que la prisión preventiva en México afecta a los más pobres, debido a que carecen de recursos para enfrentar un juicio en caso de que sean acusados de algún delito.

La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, escribió el ministro presidente en su cuenta de Twitter el pasado 26 de octubre.

Lo dicho por Zaldívar fue la respuesta que dio al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el mismo día condenó la resolución de la SCJN de no considerar como delito grave la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas (factureras).

“En eso no estoy de acuerdo, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigar a los que no tienen agarraderas o influencias con las que comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”, aseveró.

Exhortó al Poder Judicial a “castigar por igual” a quienes perpetren el ilícito e hizo un llamado a “no poner la justicia al servicio del dinero”; acto que, señaló, mostraron los ministros votantes a favor de la inconstitucionalidad.

Al argumentar el sentido del fallo de la Corte, Arturo Zaldívar aseguró que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos, por lo que manifestó su expresión en contra de mantener esta medida cautelar en relación a los delitos fiscales.

El debate generado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia, puso bajo la lupa el uso de la prisión preventiva oficiosa en México, toda vez que a raíz de una reforma aprobada en el 2019 a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática.

La Constitución señala los delitos en los que se prevé la prisión preventiva oficiosa, a pesar de las múltiples voces que alertan de la violación de varios tratados internacionales en materia de derechos humanos.

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