• Es un mensaje claro y contundente que rompe el pacto de impunidad: Salomón Jara Cruz.
  • Debemos darle prioridad para que las víctimas cuenten con esta instancia internacional para su defensa: Kenia López Rabadán.

Senadores de la República dieron su respaldo a la declaración para reconocer la competencia en México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y consideraron que su aprobación debe ser una prioridad en el próximo periodo de sesiones, a fin de romper el pacto de impunidad en esta materia y resolver los casos de desaparecidos en nuestro país.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Salomón Jara Cruz, celebró que el titular del Ejecutivo Federal haya enviado a la Cámara de Senadores la aceptación del Estado mexicano para que la Organización de las Naciones Unidas pueda conocer y examinar solicitudes relacionadas con desapariciones forzadas cometidas en México.

Es, dijo, “un mensaje claro y contundente que rompe el pacto de impunidad suscrito por administraciones anteriores”. Además, refleja la voluntad y el compromiso del gobierno con la vigencia de los derechos humanos, apuntó.

A través de sus redes sociales, Jara Cruz afirmó que este instrumento será una de las grandes prioridades del Grupo Parlamentario de Morena durante el próximo periodo ordinario de sesiones, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador a diferencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no tiene temor al escrutinio internacional.

Por sus redes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, precisó: “debemos darle prioridad para que las víctimas de desaparición forzada cuenten con esta instancia internacional para su defensa”.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza acusó que el Presidente remitió al Senado el documento mediante el cual el Estado Mexicano reconoce la jurisdicción del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, pero esto ocurre un año después de que se comprometiera a hacerlo.

El reconocimiento, apuntó, es producto de la presión de colectivos de víctimas y de la comunidad nacional e internacional de derechos humanos. “Apoyare su aprobación, convencido de que el Estado debe proteger la vida de las personas y resolver la situación de las y los desparecidos”, concluyó.