Desde que el Senado le extendió a Arturo Zaldívar el regalo para quedarse hasta noviembre de 2024, el ministro presidente de la SCJN anda desaparecido y no ha salido a decir públicamente “esta boca es mía”.

Ningún abogado, ya sea corporativo, fiscalista o penal, vio sana la propuesta para que el actual ministro de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación (SCJN) extienda dos años más su presidencia.

“En la cúpula empresarial no se tiene la mejor impresión de Arturo Zaldívar. Estamos perdiendo toda credibilidad en México. El riesgo de invertir en un país sin Estado de Derecho es enorme. Terrible: jugarreta por densa criticable. Fuerte. Dictadura. Le dieron su regalo”… fueron tan solo algunas expresiones de asombro y enojo.

La propuesta que le mandaron desde Palacio Nacional deslizar al senador del Partido Verde que suele vestirse de Charro, Raúl Bolaños Cacho, sí fue una bola rápida para los legisladores opositores.

No venía en el documento original, aunque el líder de Morena en esa cámara, Ricardo Monreal, haya salido a defenderla argumentando que nadie podía acusar engaño y sorpresa porque era obligación de los legisladores leer.

Y es que consumada la votación, senadores como Claudia Ruiz Massieu del PRI y Damián Zepeda del PAN criticaron el procedimiento que incluso algunos compañeros de su propio partido votaron.

Desde que el Senado le extendió a Arturo Zaldívar el regalo para quedarse hasta noviembre de 2024, el ministro presidente de la SCJN anda desaparecido y no ha salido a decir públicamente “esta boca es mía”.

El mismo jueves en que se votó ese polémico artículo 13 transitorio no asistió al pleno, quizás para evitarse los reflectores; tampoco ha tuiteado nada: lo más que hizo fue retuitear la postura del Consejo de la Judicatura.

En él el Consejo se lava las manos y asegura que la propuesta de extensión de dos años no salió de esa instancia, lo que es la respuesta del propio Zaldívar al haberlo replicado en sus propias redes sociales.

El quid de esta discusión que rodea la reforma judicial que empuja el gobierno de la 4T, es que no se trató de un acuerdo entre instituciones, sino de un acuerdo entre personas.

Esta acción inconstitucional del Legislativo en contra de la autonomía del Poder Judicial, recordó aquella misma subordinación de poderes que alentó Vicente Fox, cuando invitó a cenar a Los Pinos a su Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela.

Ahí se empezaba a trazar la ruta para desaforar de la jefatura de gobierno del Distrito Federal a Andrés Manuel López Obrador para impedir que se postulara como candidato a la Presidencia de la República.

Hoy el ahora Presidente, primero, se mostró extrañado de que el senador Bolaños Cacho haya enviado tal iniciativa para extender dos años el mandato de Zaldívar, pero después, la saludó: “si eso garantiza que va haber la reforma (al poder judicial) yo estoy de acuerdo”.

La señal es muy clara: viene una embestida desde Palacio Nacional y el Consejo de la Judicatura Federal contra jueces y magistrados, que es bienvenida siempre y cuando se rompan cotos de corrupción y garantice justicia pronta y expedita.

Pero el riesgo que ya empieza a visualizar, sobre todo en el sector empresarial, que la Suprema Corte y el Consejo se convertirán en instrumentos del Presidente para doblar a jueces y magistrados que se opongan a los excesos de la 4T.

Las batallas que vienen por las leyes que vulneran las inversiones en materia de electricidad, subcontratación de personal y ahora de los hidrocarburos, podrían ser ganadas, una por a una, por López Obrador.

¿La razón? La Corte está cambiando con Arturo Zaldívar el concepto de la “jurisprudencia”, porque ahora basará su fundamento y motivación en el precepto del “precedente”.

¿Se imagina al gobierno federal preparando demandas mal hechas pero sentando precedentes, gracias al apoyo de ministros como Zaldívar, Margarita Ríos FarjatJuan Luis González Alcántara o Jasmín Esquivel, todos propuestos por López Obrador?

Y lo que viene: la implantación del plebiscito para enjuiciar ex presidentes y más votaciones a mano alzada, todo avalado por una Corte y ministros a modo.

Esto apenas comienza.

HABLANDO DE LA Suprema Corte, en el gobierno federal ya se dieron cuenta que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y su compañero de la Primera Sala, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, se han estado reuniendo con Eduardo Medina Mora. El ministro defenestrado por la 4T cabildea a favor de Alejandro Quintero, el ex ejecutivo de Televisa al que consideran el cerebro atrás del documental “Populismo en América Latina”, la pieza que sirvió de campaña negra contra el entonces candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Andrés Manuel López Obrador. Medina Mora ayudó a Quintero a tener acceso a su expediente y está litigando para que la Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Santiago Nieto, le descongele sus cuentas.

ALONSO ANCIRA Y Juan Collado casi están celda con celda en el Reclusorio Norte. Tienen en común ser perseguidos por la 4T. Uno negocia la entrega de Altos Hornos de México y el otro la ex Caja Libertad. Al primero el gobierno le quiere exprimir hasta 219 millones de dólares. Al segundo unos 2 mil millones de pesos. Pese a compartir la misma condición de perseguidos, como reclusos no. Hay de presos a presos. Ancira vive sus días aciagos con relativa comodidad: goza de un amplio espacio donde recibe personajes de la vida pública, bebe el mejor whisky, fuma los habanos de su preferencia y suele pedir comida del restaurante Sylvestre. A Collado no le dan ese trato. Se mueve en un espacio más reducido y más que amigos lo visitan abogados.

PEDRO HACES, EL polémico ex senador morenista y dueño de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados (CATEM), quiere asociar a su partido, Fuerza por México, con el PRI. Los primeros pasos de cara a esa alianza los empezó a dar en la CDMX, con la venia de su principal mentor, el también senador Ricardo Monreal. Las gestiones las estaba haciendo con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se le cruzó en el camino. Por eso al Príncipe de la Basura le giraron orden de aprehensión. Haces quedó neutralizado y podría empezar a perder los jugosos contratos que ha venido ganando en el Tren Maya. También anda al asecho del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico.

EN MENOS DE dos años INDI-GAMI se convirtió en el Grupo Higa del gobierno de la 4T. Y tal como las huestes de Enrique Peña Nieto en su momento le mandaron decir a Juan Armando Hinojosa que ya no hiciera el fronting en las licitaciones, ahora los pupilos de Andrés Manuel López Obrador mandaron el mensaje a Manuel Muñozcano que se camuflajee con otras constructoras. Eso acaba de pasar en la asignación de la carretera Real del Monte-Entronque Huasca, Hidalgo, donde estuvo atrás de INDISA, de Víctor Ortiz. INDI ya ganó el Tramo 3 del Tren Maya y el rompeolas en Salina Cruz del Tren Interoceánico. El gobierno de Claudia Sheinbaum le asignó el Cablebús y el segundo piso de Xochimilco. Fue el constructor del segundo piso del Periférico de AMLO.

EN LA SEMANA dejó la Dirección de Finanzas de PMI Comercio Internacional Vanessa Ramírez. Quizás el nombre no le diga mucho, pero se trata de la hija de Rogelio Ramírez de la O. Es el principal asesor externo de Andrés Manuel Lopez Obrador en temas económico y financieros, tanto, que a finales del año pasado su nombre sonó fuerte para suceder a Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda. La funcionaria ingresó en octubre de 2019 y al cabo de 18 meses renunció por lo cada vez más complicado que resulta trabajar en una empresa a la que se le retiraron los recursos administrativos y financieros.

EN LA SEMANA dejó la Dirección de Finanzas de PMI Comercio Internacional Vanessa Ramírez. Quizás el nombre no le diga mucho, pero se trata de la hija de Rogelio Ramírez de la O. Es el principal asesor externo de Andrés Manuel Lopez Obrador en temas económico y financieros, tanto, que a finales del año pasado su nombre sonó fuerte para suceder a Arturo Herrera de la Secretaría de Hacienda. La funcionaria ingresó en octubre de 2019 y al cabo de 18 meses renunció por lo cada vez más complicado que resulta trabajar en una empresa a la que se le retiraron los recursos administrativos y financieros.

EL FINANCIERO