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¿Y dónde está el policía?

Juan Antonio Pineda Sánchez

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo espacio para discutir la acción de inconstitucionalidad a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante la sesión el Ministro Zaldivar dijo, con mesura, “ninguno de los que estamos aqui sentados somos expertos en esta materia”. Permitaseme pues una opinión.

El decreto de reforma al Art. 21 constitucional que da origen a la ley en cuestión dice que esta deberá contener, como mínimo, “la finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública”: Bien, de las 313 normas registradas en el Congreso 47 hablan sobre la fuerza pública para referirse a la función policial, 3 hablan de uso de la fuerza como la actuación policial, 1 se refiere como uso de la fuerza pública simultáneamente a función y actuación. En total 49 leyes hablan sobre la función y la actuación policial, pero no existe definición que nos diga cuando hablamos del agente y cuando de la institución.

El análisis de la corte parte desde la primera previsión del decreto, pero los ministros discurren entre finalidad del uso de la fuerza pública y finalidad del uso de la fuerza, es decir, aunque constitucionalmente deberían hablar de la función elaboran sus argumentos sobre la actuación. En la discusión sobre los artículos 27 y 28 todos hablan desde la función, en tanto que, para discutir el resto de los puntos abordan de forma muy genérica desde la actuación.

Los artículos en cuestión sirven poco o nada en la práctica, su redacción, simplista y pusilánime, no detuvo abusos que ocurrian antes de la ley, véase el caso de Leobardo Hernández, en junio de este año como ejemplo. A pesar de ello la corte presentó un interesante debate por su permanencia que tendrían que dedicarles a todos y cada uno de los artículos, porque una Y interpretación sistemática requiere forzosamente entrar “al detalle de los gases o los bastones que tanto el poder legislativo como ahora el judicial consideran innecesario en una ley nacional.

Desde mi perspectiva técnica, el punto flaco de toda aproximación a la ley es asumir que los elementos clave para alcanzar sus objetivos ya existen, no es así. La ley no contiene ni los mínimos que constitucionalmente debería contener, por ello los ministros confunden uso de la fuerza con uso de la fuerza pública. No existen elementos técnicos regulados que permitan garantizar los derechos de nadie, empezando por los propios agentes,

Todos los puntos presentados respecto a la utilización de la fuerza pública en manifestaciones son válidos desde la obligación institucional de la Suprema Corte. Los agentes en la calle están obligados a actuar sin que la ley o la corte definan con claridad objetivos, analicen las opciones de fuerza, regulen la adquisición de equipamiento adecuadamente, impongan marcos a los modelos andragógicos o siquiera establezcan con precisión juridica que detrás del uniforme hay un ciudadano con derechos.

Tenemos que entender y aceptar que el nivel de interpretación de la corte no coincide con el del agente que ejecutará la ley o, peor y más común aún, con el del politico que da la orden de actuar sin importarle lo que digan una ley nacional, una sentencia de la corte o tratados internacionales.

Y ahí está el problema de que la Suprema Corte se haya perdido entre uso de la fuerza pública y uso de la fuerza. Cuando la atención se concentra sobre lo que hace el agente (fuerza física), en lugar de lo que debería hacer la institución (fuerza pública), terminamos con un documento que en la práctica solo sirve para transferir culpas a un ciudadano que carece de derechos humanos tan básicos como lo es el derecho a la vida, ya que nadie considera importante legislar que el equipamiento que recibe es útil y proporcional, hablando de principios, al riesgo laboral que enfrenta.

La sentencia de la corte es un avance, muy pequeño en mi opinión, pero avance, a fin de cuentas. Ojalá esta vez la Cámara de Diputados tome en serio el tema y con la reforma vengan también cambios en el modelo de seguridad.
Es cuanto.

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