Por: Jan Charlie
En Michoacán, la discusión pública se ha ido polarizando entre dos narrativas que, aunque opuestas, conviven al mismo tiempo: por un lado, la idea de que se está combatiendo la corrupción del pasado; por el otro, la percepción de que se trata de una justicia selectiva, cercana a una “cacería de brujas”.
El caso del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y sus exfuncionarios ha sido el punto de quiebre. Las detenciones, investigaciones y órdenes de aprehensión han sido presentadas como un golpe contundente contra la corrupción. Sin embargo, en paralelo, crece una pregunta incómoda, ¿por qué ahora sí, y antes no?
Porque si algo caracteriza a la política michoacana y mexicana en general, es la continuidad de la impunidad; los gobiernos de Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel también tuvieron señalamientos, crisis y episodios polémicos, pero nunca derivaron en procesos penales de alto impacto, bueno pues, “no hubo detenciones espectaculares ni persecuciones judiciales visibles”, simplemente el tiempo pasó… y los expedientes, si existieron, se diluyeron.
Hoy, bajo el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y con Morena como fuerza dominante, el discurso es distinto, combate frontal a la corrupción… pero la realidad política obliga a matizar.
La justicia no sólo depende de pruebas, sino también de timing político, correlación de fuerzas y control institucional, y ahí está el punto central, porque en México, y Michoacán no es la excepción, la justicia rara vez es retroactiva de manera pareja.
Se activa con fuerza contra quienes ya no tienen poder, mientras que quienes lo conservan o están alineados con él enfrentan menor presión inmediata; no necesariamente porque sean inocentes o culpables, sino porque el sistema político así funciona.
Esto no significa que las investigaciones actuales sean falsas, ni tampoco que todos los señalados sean víctimas, pero sí abre una duda legítima, ¿estamos viendo justicia… o simplemente el cambio de manos del poder?
La respuesta quizá no sea cómoda, pero a esto se suma otro elemento clave que definirá el rumbo del estado, la guerra interna dentro de Morena; lo que hoy parece un bloque sólido, en realidad está dividido.
El grupo cercano al gobierno estatal y el bloque encabezado por Raúl Morón Orozco ya disputan el control rumbo a 2027 y, aquí es donde la historia reciente ofrece una advertencia clara.
En México, muchas de las investigaciones judiciales más fuertes no nacen únicamente de la ley… sino de las rupturas políticas, cuando un grupo pierde poder, se vuelve vulnerable y cuando otro lo gana, tiene la capacidad de impulsar o frenar procesos.
Por eso, lo que hoy se vive en Michoacán podría ser apenas el inicio de un ciclo, hoy, el foco está en el pasado reciente, mañana, podría girar hacia el presente.
Y entonces, muchos de los que hoy parecen intocables, podrían enfrentar las mismas preguntas que hoy se hacen sobre otros.
La gran deuda sigue siendo la misma de siempre: una justicia que no dependa de quién gobierna, y hasta que eso no cambie, en Michoacán como en gran parte del país, la línea entre justicia y política seguirá siendo peligrosamente delgada.