• Diputadas señalan necesidad de expedir la Ley General de Prevención del Suicidio
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11-04-2026.- Las diputadas del PVEM Ruth Maricela Silva Andraca y Ana Erika Santana González consideraron que las políticas públicas en materia de prevención del suicidio son insuficientes frente a la magnitud del problema, principalmente por la falta de presupuesto.
Señalaron la necesidad de destinar de manera específica recursos suficientes hacia la atención de la salud mental y prevención del suicidio, ya que cada vez más jóvenes, niñas y niños enfrentan esta crisis.
Durante el “Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios”, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca destacó que en la Cámara de Diputados se han diseñado varias acciones y proyectos legislativos en esta materia que están detenidos y todos requieren presupuesto, “porque ninguna vida de ningún ser humano tiene precio y un impacto presupuestal será mínimo cuando podamos salvar una vida.
“Estas iniciativas buscan reformar diversos ordenamientos, principalmente la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, siempre con el objetivo de incorporar la salud mental como un eje prioritario de políticas públicas, y claro que para eso se necesita presupuesto”, señaló.
De igual forma, subrayó, está en análisis la posible expedición de una Ley General de Prevención del Suicidio, que permita una adecuada coordinación entre las instituciones de los distintos órdenes de gobierno, que mejore la toma de decisiones basadas en evidencia y permita evaluar las políticas públicas, así como la identificación de grupos prioritarios como son las niñas, los niños, las y los adolescentes, personas adultas mayores o poblaciones en situación de vulnerabilidad.
“La legislación fortalecería la capacidad obligatoria y continua del personal de salud, educativo y de seguridad pública, dotándolos de herramientas para la detección temprana de señales de alerta y la intervención en situaciones de crisis.
“La articulación interinstitucional sería un eje clave, permitiendo que escuelas, centros de salud, líneas de atención telefónica y comunitaria, así como organizaciones de la sociedad civil, operen bajo protocolos comunes que aseguren una respuesta rápida, coordinada y eficaz”.
También se incorpora un enfoque de derechos humanos y perspectivas de género en el diseño e implementación de las políticas públicas derivadas de la ley y consolidaría el compromiso del Estado con la salud mental como un componente esencial del bienestar social, elevando su atención a una prioridad nacional al establecer obligaciones claras, mecanismos de seguimiento y evaluación.
“Este esfuerzo representa la oportunidad histórica para transitar hacia una política de Estado articulada, con enfoque preventivo, interinstitucional y basado en evidencias”.
En su oportunidad, la diputada Ana Erika Santana González (PVEM) consideró que la salud mental y la prevención del suicidio en México son temas muy sensibles, ya que más allá de las cifras, es hablar de vidas que quedan en silencio, de familias que quedan sensibles y de un Estado que durante mucho tiempo llegó y actuó tarde.
Hoy, afortunadamente, enfatizó, México ha comenzado a transitar hacia un nuevo paradigma y reconocer el suicidio como un problema de salud pública prioritario que requiere atención oportuna, integral y con un enfoque de derecho humanos; sin embargo, dijo, los avances son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Refirió que la Ley General de Salud establece la obligación del Estado de garantizar atención médica y psicológica inmediata a personas con conducta suicida y el derecho penal sanciona a quienes instigan o facilitan estos actos.
Aseveró que es primordial dar un paso legislativo más, presupuestal y estructural, por lo que propuso crear un Programa Nacional Unificado de Prevención y Postvención del Suicidio que articule, fortalezca y dé coherencia a todas las acciones existentes.
Explicó que este programa deberá basarse en tres pilares fundamentales: prevención temprana para implementar planes de educación emocional en escuelas desde nivel básico y capacitar a docentes y orientadores para detectar signos de alerta, además de emprender tamizajes psicológicos periódicos en adolescentes.
Enfatizó que es preciso fortalecer la atención primaria de la salud mental, garantizando que cada centro de salud tenga personal capacitado en atención de crisis; es decir, ampliar y fortalecer el modelo de Código 100, con cobertura nacional y su integración con todos los servicios de emergencia, así como promover la postvención, que se refiere a la atención de las familias que pierden a un ser querido por suicidio, para lo que se requieren redes de acompañamiento psicológico.
La diputada planteó crear un fondo presupuestal para la atención de la salud mental y prevención del suicidio, con reglas claras de operación, indicadores de impacto y evaluación permanente.
Por su parte, el diputado Luis Enrique Miranda Barrera (PVEM) afirmó que el suicidio es un fenómeno que se anuncia, pues hay ciertas conductas y signos que se presentan derivados de distintos factores como el “bullying escolar”, las presiones sociales, el uso de drogas, los videojuegos, la depresión y la ansiedad, entre otros que muchas veces se ignoran.
En ese sentido, se pronunció por atender estas situaciones, capacitarse para identificar signos de alarma, que las madres y los padres charlen con sus hijas e hijos sobre este tema y que se alimente el cuerpo y el alma de cosas positivas.
A su vez, José Joaquín Ceballos, CEO y fundador de la Coalición Internacional en Prevención del Suicidio, sostuvo que es una problemática de salud pública de carácter multifactorial, cuya incidencia ha mostrado un comportamiento sostenido en diversos grupos poblacionales, particularmente en preadolescentes, adolescentes, personas adultas jóvenes y mayores, pueblos marginados, afrodescendientes, entre otros, cuyo impacto trasciende el ámbito individual afectando a familias, comunidades e instituciones.
Por ello, la iniciativa en materia de prevención del suicidio busca establecer criterios técnicos homogéneos con atención oportuna y de calidad, fortaleciendo la prevención desde un enfoque comunitario e integrando un sistema nacional de vigilancia.
“Es necesario y obligatorio que se articule la atención, detección y prevención de conductas autolesivas que conduzcan al suicidio, entre otras, a través de una ley federal en prevención del suicidio, ya que en los últimos años se ha observado un incremento sostenido en las tasas de suicidio, acompañado de factores biológicos, genéticos, sociales, económicos, psicológicos y ambientales, que inciden en la salud mental de la población mexicana”, abundó.
En el evento participaron especialistas en prevención de conductas suicidas, quienes hablaron sobre la urgencia de atender los factores que pueden inducir a una persona al suicidio y la importancia de capacitarse para identificar los signos de alerta desde la casa, las familias, los centros de trabajo, las escuelas y las instituciones, así como la falta de acceso a los servicios de salud en zonas marginadas y los marcos normativos.